Marine Le Pen inhabilitada: ¿Fin de una carrera o nuevo caso de lawfare en Europa?

Recientemente se conoció la condena a Marine Le Pen, la líder no convencional que los medios de comunicación y el establishment político tildan de "extrema derecha" por sus propuestas soberanistas y su intención de reformar la vieja política francesa. La sentencia no solo afecta a Le Pen, sino también a ocho eurodiputados de su partido. La condena incluye inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos durante cinco años, cuatro años de prisión (dos firmes que podrían cumplirse con brazalete electrónico) y una multa de 100.000 euros.

La presidenta del tribunal consideró probado el desvío de fondos entre 2004 y 2016, calificando de "ficticios" los contratos de doce asistentes parlamentarios del partido, quienes, aunque cobraban de la Eurocámara, en realidad trabajaban para la formación política. Sin embargo, queda en el aire la duda de si esta es una acción genuinamente judicial o una condena política disfrazada de institucionalidad para apartar del camino a quien se perfilaba como la próxima presidenta de Francia.

Aunque, según la justicia francesa, la condena se debe al uso indebido de fondos públicos, resulta inevitable recordar el caso de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien está bajo investigación y se ha negado reiteradamente a divulgar sus mensajes de texto relacionados con un polémico acuerdo de 35.000 millones de euros con Pfizer en 2021. Esto plantea la interrogante: ¿se trata de justicia o estamos ante un caso de lawfare?, un término que se refiere al uso del aparato judicial con fines políticos, especialmente para desacreditar o neutralizar a adversarios sin necesidad de pruebas contundentes.

Cabe recordar que el año pasado, tras la pérdida de apoyo popular por parte del presidente Emmanuel Macron, el partido de Le Pen emergió como ganador en la primera vuelta. Macron pactó entonces con la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa. Sin embargo, la inestabilidad persiste. Este año, el gobierno opera con presupuestos anteriores tras el rechazo del Parlamento al proyecto del primer ministro Michel Barnier, tanto desde la izquierda como desde la derecha.

Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes europeos como Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia, calificaron la condena como "una declaración de guerra de Bruselas". En Francia, figuras como Éric Zemmour, presidente de la plataforma Reconquista, afirmaron que "no corresponde a los jueces decidir por quién votará el pueblo francés", mientras que Éric Ciotti, presidente de Los Republicanos, se preguntó en la red social X: "¿Es Francia todavía una democracia?". Desde el ámbito hispanohablante, Santiago Abascal, presidente del grupo parlamentario español VOX, expresó que "no conseguirán callar la voz del pueblo francés", ante esta arremetida en contra de la líder francesa. 
 

La France est-elle encore une démocratie ?

— Eric Ciotti (@eciotti) March 31, 2025

Por su parte, Marine Le Pen ha denunciado que esta decisión representa una grave violación del Estado de derecho. Diversas voces en las plataformas digitales han expresado preocupación sobre la independencia y transparencia de las instituciones europeas, especialmente ante lo que muchos consideran un uso desigual de los mecanismos judiciales. En este contexto, la ciudadanía francesa observa con creciente inquietud si podrá ejercer plenamente y en libertad su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.