Ni resueltos ni olvidados: los conflictos territoriales que desafían Latinoamérica

Cada 2 de abril, Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La fecha, cargada de memoria y de significado político, honra a quienes combatieron en 1982 y refuerza el reclamo histórico por la soberanía sobre las islas. Desde esta conmemoración nacional, resulta oportuno revisar algunas de las principales disputas territoriales que persisten en América Latina, siendo las Malvinas el caso paradigmático por excelencia.

Las Islas Malvinas constituyen un caso emblemático dentro del estudio de las disputas territoriales en América Latina, no solo por su carga simbólica, sino también por su centralidad en la política exterior argentina contemporánea. Esta controversia permite analizar con claridad cómo convergen el derecho internacional, las dinámicas geopolíticas y los procesos de construcción identitaria en contextos postcoloniales. Argentina sostiene que el archipiélago, ocupado por el Reino Unido desde 1833, forma parte indivisible de su territorio. El momento más crítico del conflicto llegó en 1982 con la Guerra de Malvinas, un episodio que marcó a la sociedad argentina y cuyas consecuencias aún resuenan tanto en la política como en la memoria colectiva.

A pesar de haber sostenido históricamente su reclamo en múltiples foros internacionales, Argentina se enfrenta a una postura británica férrea, que se esconde en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, quienes se reconocen como británicos. Uno de los gestos diplomáticos más recientes por parte de la administración de Javier Milei tuvo lugar en junio de 2024, cuando la entonces canciller Diana Mondino participó en la reunión anual del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24) y dónde esta denunció la ocupación ilegal de las islas por parte del Reino Unido. En esa ocasión, el comité aprobó por consenso una resolución que insta a reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para resolver esta disputa centenaria, originada con la ocupación británica de las islas en 1833. 

El Esequibo: la larga reclamación de Venezuela frente la ocupación de su territorio

Las tensiones territoriales en América Latina no se limitan al Atlántico Sur. En la región del Esequibo, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo que se remonta al siglo XIX. Venezuela considera nulo el Laudo Arbitral de 1899, que otorgó esa franja a la entonces Guayana Británica, y afirma que su soberanía se extiende hasta la orilla occidental del río Esequibo. Guyana, por su parte, sostiene que aquel arbitraje fue válido y que, desde su independencia en 1966, ejerce soberanía legítima sobre ese territorio.

El descubrimiento de yacimientos petroleros en la zona ha intensificado la disputa, al añadir una dimensión estratégica considerable. Más allá de las tensiones bilaterales, lo que está en juego es el acceso a recursos energéticos que podrían transformar la economía de Guyana y modificar los equilibrios regionales. Actualmente, el caso se encuentra bajo examen de la Corte Internacional de Justicia, aunque el clima político en torno al conflicto sigue siendo inestable.

Parte de esta volatilidad se explica por el cambio en la postura de Estados Unidos. Durante el gobierno de Joe Biden, y más recientemente con el liderazgo diplomático del Secretario de Estado Marco Rubio, el cual ha manifestado una posición más indignante frente a Caracas. Rubio incluso llegó a advertir que Washington respondería si Venezuela llegaba a agredir a Guyana. Estas declaraciones marcaron un giro notable en la política exterior estadounidense y solo pueden ser interpretadas como una traición por parte de una potencia con la que Venezuela había buscado históricamente canales de interlocución, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas. 

Bolivia y su anhelo de salir al mar

Uno de los reclamos más persistentes en la región es el de Bolivia respecto a su antigua salida al océano Pacífico, perdida tras la Guerra del Pacífico (1879–1884), en la que se enfrentó junto a Perú contra Chile. Tras el conflicto, Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que definió de forma clara y legal las fronteras entre ambos países y consolidó el acceso boliviano al comercio marítimo mediante infraestructura portuaria en Arica.

A pesar de ello, en la narrativa política boliviana el deseo de una salida soberana al mar ha permanecido como un símbolo de reivindicación nacional. En 2018, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Chile no tiene obligación jurídica de negociar dicho acceso, respaldando así la posición chilena de que el tratado de 1904 resolvió el tema de manera definitiva. No obstante, Chile ha reiterado su disposición a mantener relaciones de buena vecindad y facilitar el comercio boliviano a través de sus puertos del norte, bajo un enfoque pragmático y cooperativo. En la práctica, Bolivia continúa utilizando estos accesos, aunque sin soberanía formal, lo que demuestra que la cooperación, aunque imperfecta, ha sido posible. Asimismo, este año el presidente de Bolivia Luis Arce ha manifestado que ingresará en una nueva etapa en la relación con Chile en la que la salida al mar sea un tema importante.  

Guatemala y Belice: una disputa poco conocida

Menos visible en la agenda regional, la disputa entre Guatemala y Belice tiene raíces coloniales complejas. Guatemala sostiene que parte del territorio beliceño fue usurpado debido a acuerdos ambiguos con el Reino Unido, mientras Belice reivindica su condición de Estado independiente desde 1981.

Ambas naciones acordaron llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. El proceso, que incluye la revisión de documentos históricos como el Tratado de Límites de 1859 y diversas notas diplomáticas del siglo XIX, podría tardar años en resolverse. El caso es importante no solo por su antigüedad, sino también porque representa una oportunidad para resolver pacíficamente una de las disputas fronterizas más persistentes de Centroamérica.

Nicaragua y Colombia: las aguas de San Andrés

La delimitación marítima en el Caribe ha sido motivo de desencuentro persistente entre Nicaragua y Colombia. En 2012, la Corte Internacional de Justicia reconoció la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reafirmando así un punto largamente defendido por Bogotá. Sin embargo, el tribunal también redefinió los límites marítimos a favor de Nicaragua, ampliando su plataforma marítima en detrimento de las áreas tradicionalmente controladas por Colombia.

Con esta nueva delimitación, Managua obtuvo una extensión significativa de mar, lo que generó malestar en sectores económicos y políticos colombianos, especialmente por el impacto potencial en zonas de pesca y de interés estratégico. Aunque Colombia ha expresado su desacuerdo con algunos aspectos del fallo, ha reiterado su compromiso con el derecho internacional, al tiempo que ha buscado mecanismos de diálogo y cooperación con los países vecinos del Caribe occidental para mitigar tensiones.

No obstante, la aplicación plena del fallo continúa enfrentando dificultades prácticas, tanto por la resistencia interna en Colombia como por los desafíos operativos para establecer una nueva delimitación efectiva en un entorno marítimo compartido. El caso evidencia las complejidades que surgen cuando las decisiones jurídicas internacionales colisionan con realidades políticas y económicas consolidadas a lo largo del tiempo.

Otras reclamaciones latentes

Además de estos conflictos, existen otros casos de menor resonancia internacional pero no exentos de importancia para los países implicados como el litigio entre Uruguay y Brasil por la Isla Brasilera, situada en el río Cuareim, se mantiene, aunque sin grandes tensiones visibles. Esto se debe, en gran parte, al bajo perfil diplomático que ambas cancillerías han asignado al tema y a una voluntad compartida de evitar su escalamiento.

En conclusión, las disputas territoriales en América Latina son un reflejo de las herencias coloniales, los acuerdos firmados en contextos de guerra y el valor estratégico de territorios ricos en recursos naturales. En muchos casos, estos reclamos no se limitan a cuestiones legales: también están atravesados por sentimientos de identidad nacional, memoria colectiva y orgullo histórico.

Aunque existen mecanismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia y espacios multilaterales como la ONU, su eficacia depende en gran parte de la voluntad política de los Estados y del contexto interno que condiciona sus decisiones. El caso de las Malvinas, que encabeza esta lista de litigios y cuya centralidad fue destacada al comienzo del texto, resume bien esta intersección entre soberanía, historia y política.