
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Concordia solicitó diez años de prisión para Federico Claudio Barrios, el dueño de la distribuidora de las bebidas Manaos, que está acusado de participar en una red de corrupción con funcionarios policiales para asegurarse beneficios comerciales y atacar a competidores.
Barrios enfrenta cargos por cohecho, tráfico de influencias, amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego. Según la acusación, mantuvo un vínculo directo con el entonces jefe de Investigaciones de la Policía de Concordia, Guillermo Ocampo, quien también está siendo juzgado y para quien los fiscales pidieron 12 años de prisión efectiva.
“El empresario usó a la Policía como si fuera su propio personal de seguridad y extorsión”, sostuvieron los fiscales José Arias y Daniela Montangie durante el alegato final del juicio, que ya ingresó en su etapa definitoria.
Uno de los casos más graves expuestos en el juicio involucra a un comerciante local que vendía las mismas gaseosas que Barrios. El distribuidor exigía que el comerciante comprara exclusivamente a su empresa. Al no lograr ese acuerdo, Barrios lo siguió, lo amenazó y finalmente, con apoyo policial, logró que lo detuvieran con una causa armada por “mercadería irregular”.
Este episodio, documentado por los fiscales con escuchas y declaraciones, revela el nivel de control que Barrios habría tenido sobre operativos policiales gracias a su vínculo con Ocampo. “No fue un hecho aislado: se usaba la estructura policial para ejecutar intereses personales del empresario”, destacaron desde la Fiscalía.
La acusación también detalla otros favores presuntamente obtenidos por Barrios gracias a su cercanía con Ocampo. Entre ellos, la custodia personal de su distribuidora con agentes policiales, certificados de buena conducta tramitados sin control, y hasta verificaciones de vehículos sin los requisitos legales correspondientes.
Durante los allanamientos se le encontró un arma de fuego cuya tenencia no estaba autorizada legalmente, hecho por el que sumó un nuevo delito.
La investigación que derivó en este juicio se inició de forma inesperada: a partir de otra causa, vinculada a una banda narco, la Justicia detectó múltiples comunicaciones entre Barrios y Ocampo. Las escuchas revelaron una relación de cercanía y dependencia operativa que fue profundizada por los fiscales.
“Esto no es sólo un caso de coimas, es un esquema de poder paralelo donde un empresario compraba favores para actuar al margen de la ley”, dijeron los investigadores.
El juicio comenzó el 6 de febrero y se encuentra en su etapa final. El tribunal está integrado por los jueces Pablo Garrera, Clara Mondragón y Maximiliano Larocca Rees. Se espera que el veredicto se conozca en los próximos días.
Barrios es defendido por los abogados Pablo Moyano y Brenda Vittori. Ocampo, por su parte, está representado por Eduardo Gerard.