Diputados cordobeses presentaron un proyecto de ley para blindar la baja en las retenciones

En plena campaña presidencial, el entonces candidato Javier Milei buscaba seducir durante 2023 al electorado agropecuario con la promesa de reducir la presión fiscal sobre la actividad. Lejos quedaron esos días y el ahora presidente Milei, si bien en enero anunció una baja temporal en los derechos de exportación que se extenderá hasta mitad de año, mantiene cierta tensión con las entidades que representan a los productores. 

Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo realidad uno de los reclamos históricos del agro: la eliminación del cepo sobre el dólar y la unificación del tipo de cambio. A las pocas horas, el presidente Milei recordó -y ratificó- a los productores que la baja en los derechos de exportación es temporal y que finalizará el 30 de junio. 

“Avísenle al campo que tiene que liquidar”, disparó Milei. Con esa frase, sonaron todas las alarmas en el campo, que en pleno reclamo por la extensión de esta baja, recibió una ayuda: los diputados cordobeses Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, presentaron una iniciativa para que el aumento en este impuesto sea dictaminado por el Congreso. 

“El presente proyecto de ley tiene como finalidad proteger la estabilidad y previsibilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial, ante la amenaza de una eventual suba de derechos de exportación (retenciones), anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la flexibilización del régimen cambiario y la salida del cepo”, argumentaron los legisladores. 

En los fundamentos, remarcaron que “la eliminación o reducción de derechos de exportación implementada en el transcurso de 2024 ha sido un avance valorado por el sector”. Y agregaron: “Sin embargo, la reciente advertencia oficial sobre la posibilidad de restablecer esas cargas fiscales hacia mediados de 2025, genera nuevamente un clima de incertidumbre, especulación y parálisis en las decisiones de inversión”.

En concreto, la normativa busca impedir que el Poder Ejecutivo restablezca o aumente los derechos de exportación en granos y subproductos durante el año 2025 sin intervención del Congreso.

UNA PROPUESTA SIN VUELTAS

El proyecto de Torres y Gutiérrez es claro y va directo al hueso. En su artículo 2, señaló que  “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025”.

De aprobarse, cualquier modificación en las alícuotas de derechos de exportación -aplicables a la agroindustria- requerirá aprobación legislativa.

El presente mes ha sido activo en materia de abordaje legislativo vinculado a los derechos de exportación en el agro. Como se recordará, el pasado 9 de abril se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, en donde las entidades que conforman la Mesa de Enlace expusieron su visión sobre el impacto de este impuesto en la actividad agropecuaria.