
El crimen de Fernando Pérez Algaba, un empresario y trader financiero de 41 años, es uno de los más horrendos de los últimos años. Su cuerpo fue encontrado descuartizado en el Arroyo del Rey, dentro de una valija, bolsas de consorcio y una mochila.
Hoy martes 22 de abril se realizará la primera audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora. Ocho personas llegan acusadas del delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas, con uso de arma de fuego”. El tribunal estará compuesto por los jueces Juan Manuel Rial, Victoria Ballvé y Andrea Nicoletti.
Los principales acusados son Maximiliano Ezequiel Pilepich y Nahuel Vargas, exsocios de Pérez Algaba en un emprendimiento inmobiliario. Para la fiscalía, ambos planificaron y ejecutaron el crimen, con la colaboración de los otros imputados: Luis Contreras, Flavia Bomrad, Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Blanca Gladys Cristaldo y el excomisario porteño Horacio Mariano Córdoba.
El fiscal Marcelo Domínguez -a cargo de la instrucción- sostuvo que el crimen se ejecutó entre la tarde del 18 de julio de 2023 y la madrugada del día siguiente, en el predio "Renacer", ubicado en General Rodríguez. Allí, Pérez Algaba habría sido ejecutado de dos disparos por la espalda, según la autopsia.
El empresario había sido convocado bajo el pretexto de firmar un acuerdo en una escribanía de Castelar para cobrar parte de una deuda de 50 mil dólares. Bomrad, una de las imputadas, habría sido quien lo convenció de acudir. Ese día, iba a recibir 20 mil dólares como primer pago y una cesión de 17 terrenos en un barrio privado, según el acuerdo que pretendían formalizar.
Pero nunca volvió. En cambio, su cuerpo apareció repartido en distintos contenedores en un arroyo. La fiscalía señaló que fue víctima de una trampa. En el mismo predio donde fue asesinado, meses antes, Pilepich ya le había disparado, según una denuncia que consta en el expediente. Existía, según la fiscalía, “una relación de amores y odio”, marcada por amenazas, peleas y violencia.
Antes de ir al encuentro fatal, Pérez Algaba envió un mensaje de WhatsApp expresando su temor a ser atacado. Su intuición no falló. La reunión para resolver la deuda se convirtió en una emboscada letal.
Pese a sus problemas económicos, el trader mantenía una activa presencia en redes sociales, con más de 900 mil seguidores en Instagram. Era un personaje público, a pesar de las constantes amenazas que, se presume, recibía.
Su situación financiera era crítica. Tenía doce cheques rechazados por casi un millón de pesos, correspondientes a la firma Motors Lettuce, que compartía con su hermano Rodolfo. También había estado al frente de Cegepa SA, una empresa de compraventa de vehículos que luego fue rebautizada como Tonnelier SA. Esta firma acumulaba siete cheques rechazados por más de 2,5 millones de pesos. Además, integraba Luxury Scissors SRL, dedicada al rubro estético.
Este historial económico y empresarial es clave para entender el móvill del crimen, que se mezcla con relaciones personales conflictivas y oscuros intereses financieros. Ahora, será la Justicia la que intente desentrañar la verdad en un juicio que promete revelar los detalles más oscuros de un asesinato brutal.
LN