El lunes 11 de mayo de 2026, el corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, John Roberts, publicó en la red social X un mensaje que sacudió la política latinoamericana: "Acabo de colgar el teléfono con Donald Trump… me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51".
No fue un rumor ni una filtración. En esa misma llamada, Trump señaló que en Venezuela "hay 40 billones de dólares en petróleo" y que los venezolanos "le aman" después de ordenar la Operación Resolución Absoluta, que resultó en la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
La declaración no salió de la nada. Trump había planteado repetidamente la idea durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, cuando Venezuela venció a Italia 4-2 en semifinales, publicando en Truth Social: "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia. ¿Estado número 51?". Ahora, dos meses después, el tono cambió: ya no era una broma deportiva sino una declaración política con peso propio.
El contexto geopolítico explica por qué esta vez nadie se rió. Rodríguez asumió el poder en enero, luego de que una operación militar estadounidense en Caracas resultara en la captura de Maduro. Desde entonces, su gobierno interino buscó restablecer vínculos con Washington: en marzo se normalizaron las relaciones diplomáticas que Maduro había roto siete años atrás.

Trump no improvisa del todo al hablar de Venezuela: hay intereses concretos detrás de sus palabras.
El primero y más obvio son los recursos. El presidente insiste en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo". Según una proyección de la ONU publicada a finales de abril, Venezuela obtendrá en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, cifra que supera en más del 50% los 14.713 millones registrados el año anterior. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta. Para Washington, asegurar ese recurso estratégico tiene un valor que va mucho más allá de cualquier retórica.
Además, la riqueza de minerales en el Arco Minero del Orinoco, en la zona fronteriza con Brasil y Guyana, son suficientes para compensar la falta de tierras raras en su disputa contra China. Este interés no es retórico; el secretario del Interior Doug Burgum viajó a Venezuela acompañado de empresarios atraídos por la actividad minera del sur del país, convirtiéndose en el segundo miembro del gabinete de Trump en visitar el país tras la captura de Maduro; el primero fue Chris Wright, secretario de Energía.
El segundo argumento es político. Trump lleva meses construyendo una narrativa de triunfo personal en Venezuela. El pasado miércoles afirmó que los venezolanos "están bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones petroleras. También ha llegado a bromear con postularse en futuras elecciones venezolanas, asegurando que obtendría más respaldo que cualquier otro candidato.
El tercer elemento es el patrón geopolítico que Trump ha exhibido durante su segundo mandato. Venezuela no es un caso aislado: antes habló de Canadá, de Groenlandia y del Canal de Panamá. La propuesta sobre Venezuela encaja en una visión de influencia hemisférica que el presidente republicano ha cultivado sistemáticamente.

La respuesta más inmediata vino desde los Países Bajos. Rodríguez respondió desde La Haya, donde participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa territorial del Esequibo con Guyana. "Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó.
Rodríguez reivindicó la historia del país y afirmó que Venezuela fue construida gracias a "hombres y mujeres que dieron su vida" para convertirla "no en una colonia sino en un país libre". Sin embargo, evitó elevar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington: "ese es el curso, ese es el camino".
El timing de las declaraciones de Trump fue, cuanto menos, llamativo: coincidieron con la presencia de Rodríguez en La Haya defendiendo la soberanía venezolana sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales. Hablar de "Estado 51" mientras la presidenta encargada de Venezuela defiende sus fronteras ante una corte internacional es una contradicción que no pasó inadvertida.
La líder opositora venezolana se encuentra en un momento delicado. En una entrevista concedida días antes de la declaración de Trump, Machado reveló que calibra cada movimiento antes de regresar a Venezuela. "La posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en mi decisión de volver, hay que buscar el momento correcto", declaró desde Washington.
Su postura sobre el "Estado 51" específicamente no ha sido declarada públicamente con claridad hasta el cierre de este artículo. Lo que sí es claro es que Machado ha reiterado que la única vía legítima para Venezuela es la celebración de elecciones libres, y que la soberanía del pueblo venezolano debe expresarse en las urnas.

Las declaraciones fueron ampliamente condenadas por cientos de venezolanos en redes sociales, quienes le reiteraron al presidente Trump su exigencia de elecciones presidenciales y le recordaron la persistente crisis económica y de violación de derechos humanos que vive el país.
No obstante, algunos venezolanos defienden esa idea por el hartazgo que tienen de tantos años de liderazgo fallido en su país, y creen que la administración americana podría ser la solución a sus problemas
La reacción popular dice mucho: actualmente la mayoría de los venezolanos no quieren convertirse en estadounidenses. Quieren un país propio, libre y democrático. La propuesta de Trump, aunque pueda sonar atractiva para algunos en medio de décadas de destrucción institucional, choca frontalmente con una identidad nacional forjada en la independencia del siglo XIX.
Ningún presidente de Estados Unidos puede incorporar un nuevo estado por decreto. La Constitución estadounidense exige que cualquier admisión sea aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso. Trump puede decirlo cuantas veces quiera en Fox News: sin el Congreso, no hay Estado 51, y de momento ningun congresista o senador se ha pronunciado respecto a sus declaraciones.
Pero los antecedentes historicos son aun así demoledores. Los casos de Alaska y Hawái ilustran perfectamente la dimensión del proceso. A estados como Alaska le llevó casi 50 años convertirse en estado; Hawái también pasó mucho tiempo antes de conseguir ese estatus. Y ambos eran territorios que ya formaban parte de la órbita administrativa y legal de Estados Unidos.
Texas, que entre 1836 y 1845 fue una república independiente, tardó nueve años en lograr su admisión a la Unión. Y eso que Texas ya compartía frontera, idioma institucional y vínculos económicos directos con Washington.
Venezuela es una nación soberana, con su propia Constitución, su propio idioma como lengua de Estado, y una historia de independencia de más de 200 años. Equiparar su situación con la de un territorio bajo administración estadounidense es, sencillamente, un error de categoría.
Históricamente, el término "Estado 51" ha estado asociado a Puerto Rico. Los puertorriqueños son cciudadanos estadounidenses desde 1917 (con limitaciones como no ejercer el derecho al voto), comparten moneda, legislación federal y administración con Estados Unidos desde 1898, y aun así sigue sin ser un estado. En las elecciones generales de noviembre de 2020, el 52,83% de los puertorriqueños votó a favor de la estadidad. El Congreso no actuó. El debate sigue abierto más de un siglo después.
Si Puerto Rico - territorio estadounidense con ciudadanos estadounidenses— no ha logrado convertirse en estado después de 128 años, alguien cree realmente que Venezuela, una nación independiente, lo haría en el mandato de Trump, cuyo periodo finalizará en 2028
Para que Venezuela siquiera pudiera aspirar a esa condición, haría falta: una reforma constitucional venezolana, un referéndum vinculante en el país, negociaciones diplomáticas de años, la aprobación del Congreso de EE.UU., y el consentimiento de la comunidad internacional. Ninguno de esos pasos está ni remotamente en marcha.

Las palabras de Trump sobre Venezuela como "Estado 51" son, en su mayor parte, retórica presidencial con un componente de estrategia geopolítica real. El petróleo venezolano interesa a Washington. La influencia sobre el nuevo gobierno de Rodríguez también. Pero entre querer influir y querer anexar hay una distancia legal, política e histórica que ningún tuit ni llamada telefónica puede reducir.
Venezuela no será el Estado 51. No porque Trump no lo quiera, sino porque la historia, la ley y los propios venezolanos —de izquierda y de derecha— coinciden en que esa idea es completamente surrealista.